El final del siglo XX presenció un reguero de propuestas de reforma del sector de las telecomunicaciones, todas ellas diferentes, puesto que cada país tenía sus propias ideas al respecto. Se produjeron tantos cambios que la situación se complicó para los inversores que querían valorar el clima regulador de los distintos países. Tampoco les resultó fácil a los analistas predecir las dificultades que la reforma podría crear en algunos países.
Tal como describen el profesor de economía del IESE Jordi Gual y el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y colaborador del Centro de investigación SP-SP del IESE Francesc Trillas en su documento de investigación "Telecommunications Policies: Measurements and Determinants" ("Políticas de telecomunicaciones: mediciones y determinantes"), las reformas se pueden estudiar y medir a partir de dos indicadores clave: las barreras de entrada y las autoridades de regulatorias.
Si se miden las barreras de entrada y la independencia de los organismos reguladores, aseguran Gual y Trillas, es posible clasificar los países en función de sus esfuerzos por reducir las barreras de entrada y por separar el ejercicio de la regulación del gobierno. Los autores basan su estudio en datos de las políticas e instituciones de telecomunicaciones de 37 países en 1998.
Su clasificación es el resultado de un proceso en el que siguieron varios pasos. El primero fue crear nuevos índices que consideraran las barreras de entrada y los organismos reguladores como fenómenos multidimensionales. El segundo fue poner a prueba las hipótesis sobre qué factores determinan esas dos dimensiones y utilizar una batería de índices institucionales para valorar la relación entre la reforma y la dotación institucional de los países.
En cuanto a las barreras de entrada, los autores partieron de la premisa de que están asociadas, en el lado negativo, con el intervencionismo, pero en el positivo con el peso de los grupos de interés y la ideología del gobierno impulsor de la reforma.
Para probar esta hipótesis, Gual y Trillas tuvieron en cuenta las siguientes variables: las condiciones a la inversión impuestas al sector y la media de operadores de telefonía móvil en 1996 y 1997 (como un indicador de lo fácil o difícil que era entrar en el sector justo antes del año de referencia del estudio). También examinaron cómo se asignaron las licencias (la asignación por subasta, por ejemplo, se asocia con menos barreras de entrada). ¿Existe en un país la portabilidad para los números de teléfono tanto fijos como móviles? Si es así, entonces los costes del traslado, la inercia del consumidor y, por tanto, las barreras de entrada son menores. ¿Se permite la selección y preselección del operador en las llamadas locales, nacionales e internacionales? De ser así, las barreras de entrada son menores. ¿Se han liberalizado los bucles locales? En caso afirmativo, los nuevos actores pueden utilizar la infraestructura del antiguo monopolio y su entrada en el mercado será más fácil.
La segunda hipótesis que Gual y Trillas probaron es que la decisión para establecer un organismo regulador independiente depende de la dotación institucional y de los intereses de los grupos dominantes. Los autores elaboraron once indicadores para responder a las siguientes preguntas: ¿tiene competencias el organismo regulador en materia de licencias, interconexión, tarifas, asignación de recursos y servicio universal? ¿Depende financieramente del gobierno? ¿Cómo se nombra al presidente del organismo regulador y qué duración tiene su mandato? ¿Hasta qué punto está obligado el organismo regulador a responder ante el gobierno? ¿Cuándo se creó el organismo regulador y en qué porcentaje la propiedad del antiguo monopolio es privada? También se tuvieron en consideración variables políticas, institucionales y de funcionamiento de las telecomunicaciones.
Los datos revelaron que los países con menos barreras de entrada eran: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda y Chile. Donde se dan más barreras es en India, Irlanda y Etiopía.
El estudio también muestra que los países menos intervencionistas suelen presentar menos barreras de entrada e imponen normas que favorecen menos al antiguo monopolio. Por otro lado, las telecomunicaciones no parecen estar relacionadas con la ideología del gobierno.
La independencia del organismo regulador no parece estar demasiado relacionada con ninguno de los demás índices institucionales. Este dato podría significar ser compatible con distintos niveles de calidad de las instituciones o de los organismos reguladores, y que no está relacionada con el nivel de desarrollo del país.
El estudio también muestra que los países con un antiguo monopolio de gran tamaño son más propensos a crear organismos especializados. Una posible explicación a esta aparente contradicción es que tal vez a los antiguos monopolios les resulta más fácil influir en los organismos reguladores especializados (cuyos miembros podrían haber trabajado antes para ellos) que en los gobiernos.